La República

2 de setiembre

Denuncian que norma libraría de responsabilidad a presidente y a Giampietri en el caso El Frontón. Decreto 1097 es casi una ley de amnistía a favor de reo ex dictador, Montesinos e integrantes del Grupo Colina.

El conjunto de decretos legislativos rubricados por el Ejecutivo, en uso de las facultades delegadas por el Parlamento, buscan proporcionar impunidad en casos de violación de derechos humanos y estarían dirigidos a proteger al presidente Alan García y a Alberto Fujimori e incluso a Vladimiro Montesinos e integrantes del Grupo Colina.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera explicó que de todos los decretos legislativos publicados ayer (1094, 1095, 1096 y 1097) el que resulta más peligroso, por su aplicación directa, es el 1097 que se refiere a la aplicación de normas procesales por delitos que implican violaciones de derechos humanos.

Rivera explicó que el decreto tiene el objetivo de archivar y clausurar definitivamente casi todos los casos de violaciones de los derechos humanos, con lo cual se estaría librando de responsabilidad al presidente García y a su primer vicepresidente Luis Giampietri por el caso de El Frontón.

“El Presidente de la República ha promulgado una norma que lo beneficia a él personalmente. Al igual que Fujimori, dictó una ley de amnistía para autoprotegerse, García acaba de promulgar una norma para protegerse y proteger a su segundo, el vicepresidente Giampietri, porque ambos están involucrados en el caso El Frontón, para el cual la Fiscalía ya había hecho un pedido para que los autores intelectuales, o sea ellos, sean comprendidos en la investigación”, refirió.

Sobreseimiento

El abogado explicó que el decreto “inventa” una institución procesal llamada “sobreseimiento parcial”, una figura penal que no existía y que establece que el juez de un proceso por violación de derechos humanos está en obligación de archivar el proceso, por el simple transcurso del tiempo y que un proceso que alcanza entre 18 ó 36 meses tiene que ser clausurado o archivado.

Rivera dijo que el decreto podría ser aplicado desde el 1 de septiembre, en una forma abierta para el archivamiento definitivo de un sinnúmero de procesos como el caso El Frontón, el caso Los Cabitos (sobre desaparición y tortura), la matanza de Chuschi, el caso de Mariella Barreto, y el caso de la matanza del penal Castro Castro, de 1992, donde se beneficiaría directamente a Fujimori.

En una segunda posibilidad, explicó, este decreto también podría ser usado, aunque para el derecho internacional represente un disparate, para buscar la impunidad de graves violaciones de derechos humanos perpetradas en el conflicto armado interno en las décadas de los ochenta y noventa en el Perú, puesto que la norma establece que sólo se considera que existen crímenes de lesa humanidad a partir del año 2003, fecha en la que nuestro país ratificó la Convención Americana sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad del año 1968.

Rivera indicó que el objetivo de esta norma es excluir de la calificación de lesa humanidad, a todos los crímenes cometidos, entre los años 80 y 90. Uno de ellos sería el de Telmo Hurtado Hurtado, el perpetrador de la matanza de Accomarca en 1985, detenido recientemente en Florida (EEUU), quien podría regresar a Lima, ponerse a derecho, decir que estaba en la caución e “irse a su casa en ese momento”.

Fujimori podría salir

El abogado Carlos Rivera dijo que este paquete legislativo tendría como beneficiario al reo Alberto Fujimori, confirmando de este modo así la vinculación entre el gobierno y el Fujimorismo.

Con la existencia de una norma legal que establece que sólo se cometieron crímenes de lesa humanidad a partir del año 2003, el ex presidente va a cuestionar la legalidad de la sentencia en su contra a través del Tribunal Constitucional, precisó.

Por su parte, la representante de Aprodeh, Gloria Cano, expresó que como consecuencia de esta norma una cantidad considerable de casos van a ser cerrados y que Santiago Martin Rivas y Vladimiro Montesinos podrían quedar en libertad próximamente.

Recordó que muchos de los casos aún están en investigación preliminar en la Fiscalía, porque el ministerio de Defensa, al mando de Rafael Rey, se niega a dar información. De esa manera, los implicados en el caso de la matanza del penal Castro Castro del año 1992, empezando por Alberto Fujimori, también podrían solicitar el sobreseimiento de la causa.

“En el caso de Mariella Barreto –en el cual la jueza Magali Báscones ordenó la exhumación-, los abogado de José Salinas Zuzunaga y Carlos Sánchez Noriega, anunciaron que hoy iban a presentar los escritos para que se sobreseyera y se archivara el caso definitivamente”, dijo.

En ese sentido, advirtió que los miembros del Grupo Colina, que todavía no han sido condenados en el caso Barrios Altos, podrían estar buscando algún tipo de beneficios de esta naturaleza.

En la línea de Rey

“Esta es una norma que favorece a todos aquellos que han sido investigados y procesados. La pretensión de esta norma es beneficiar a todos aquellos que cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que, el ministro Rey dijo, textualmente, que los militares no cometieron violaciones a los derechos humanos, y que fueron los terroristas, o sea, Abimael Guzmán y su gente”.

Ley con nombre propio

“Sí, yo creo que quieren archivar todo tipo de procesos que tengan que ver con Alan García y con el Fujimorismo. Hubo un dictamen de la Fiscalía Superior que después de una larga investigación judicial determinó que los diez procesados por el caso de la matanza de El Frontón, no eran los únicos responsables, porque existirían autores intelectuales, por lo que debería hacerse una investigación adicional. Precisamente, después de que la fiscal anuncia esto, se aprueban estos decretos”.