La República

15 de septiembre

Congreso. Solo aprista Giampietri votó en contra. Oposición insistió en la mala fe del gobierno y calificó a la norma de legicidio para favorecer a violadores de los derechos humanos. Video

Marco Sánchez.

El Pleno del Congreso aprobó, a pedido del Ejecutivo, la derogatoria del polémico Decreto Legislativo 1097 que beneficiaba a militares procesados por violaciones de derechos humanos.

La rectificación fue unánime en todas las bancadas (90 votos a favor y solo uno en contra, del oficialista Luis Giampietri), pero el debate previo generó enfrentamientos e insultos entre el Apra y el fujimorismo, y la oposición.

De esta manera, la norma del Ejecutivo quedará sin efecto, aunque la oposición alertó de que el gobierno pretendió jugar sucio al publicarse ayer mismo una cuestionada fe de erratas.

“Se trató de una aberración jurídica que nos retrocedía a la dictadura, a través de una ampliación (de facultades al Ejecutivo) dada en la comisión dirigida por el fujimorista Souza. El gobierno metió la pata dejándose llevar por sus socios fujimoristas”, señaló el vocero nacionalista Daniel Abugattás.

Cruce de acusaciones

La dura expresión de Abugattás generó la reacción del fujimorista Rolando Reátegui y de inmediato se produjo un cruce de acusaciones entre ambos.

Una discusión similar se dio entre el aprista Mauricio Mulder y Yonhy Lescano de Alianza Parlamentaria. El primero acusó al opositor de apología del terrorismo. Lescano llamó cobarde al gobierno por promover “un legicidio para dejar en la calle a criminales y violadores de derechos humanos”.

La nacionalista Marisol Espinoza sostuvo que la gestación del decreto fue vergonzosa y pidió que se haga lo mismo con los DL 1094, 1095 y 1096 “porque son las bases para más violaciones de DDHH”.

El aprista Aurelio Pastor dijo que la norma adecuaba la legislación sobre exceso de carcelería y procesos a subalternos de las FFAA no vinculados directamente a crímenes de lesa humanidad.

Propaganda de Defensa

Durante el acalorado debate, opositores denunciaron que el Ministerio de Defensa repartió volantes defendiendo la constitucionalidad del decreto.

Víctor Andrés García Belaunde denunció que el proyecto de derogatoria del Ejecutivo no contó con aprobación del Consejo de Ministros, pero la PCM señaló que la reunión se dio el lunes 13.

Exigió que el Pleno vote anoche la iniciativa de derogatoria planteada de forma multipartidaria por la oposición, algo que finalmente no se hizo.

Investigarán la fe de erratas

La publicación de una “fe de erratas” en el diario oficial ayer, aunque con fecha del 13, sobre precisiones al DL fue cuestionada en la comisión de Constitución que acordó iniciar una investigación sumaria. La enmienda precisa que los alcances de la norma se enmarquen en la Convención Americana de DDHH, la Corte Interamericana de DDHH y el Tribunal Constitucional.  El decreto original señala que dicha convención rige para el Perú a partir del 2003.

Además indica que “el adelantamiento de la vigencia de algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal se efectuará en aquellos distritos judiciales que serán indicados mediante DS”. Aurelio Pastor, titular de Constitución, dijo que a quienes se acogieron al DL se les aplicará esta enmienda.

La oposición, sin embargo, no quedó satisfecha. Marisol Espinoza aseguró que habría delitos, y anotó que la publicación no tenía firma de ningún ministro. Otro sector planteó acusar constitucionalmente al ex ministro Rafael Rey.