EFE

16 de septiembre

Lima, 16 sep (EFE).- Unas 200 personas marcharon hoy en Lima contra los últimos decretos emitidos por el Gobierno que han creado polémica en Perú, especialmente uno que "criminaliza y militariza" la protesta social, según grupos de derechos humanos.

Convocados por la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y otros colectivos sociales, los manifestantes recorrieron el centro de la capital y acabaron con un plantón frente al Palacio de Justicia.

Allí pidieron la derogatoria del decreto 1095 y de otras dos normas que integran un paquete de leyes relativas a las fuerzas armadas y policiales, emitidas el pasado 1 de septiembre.

Los grupos de derechos humanos criticaron los decretos 1094, 1095 y 1096, dos días después de que el Congreso derogase el decreto 1097, que abría la posibilidad a que se anulasen los procesos a militares y policías juzgados por violaciones de derechos humanos.

En el caso del 1095, se define como "grupo hostil" a los individuos que "están mínimamente organizados, tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado, en forma prolongada por medio de armas de fuego, punzo cortantes o contundentes en cantidad, y participan en las hostilidades o colaboran en su realización".

Los manifestantes criticaron que esta definición es "excesivamente amplia" y podría aplicarse a cualquier organización social o grupo de individuos que participe en las protestas.

La activista de Aprodeh Rocío Paz consideró que la norma "criminaliza y militariza" aún más las protestas de la población, que demanda soluciones a problemas relacionados muchas veces con la pobreza.

La norma permite por primera vez que los militares controlen las protestas internas cuando se declare el estado de emergencia (excepción) y sin necesidad de la participación de la policía, un requisito que antes era obligatorio.

Además, se establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir "en apoyo de la policía sin declaratoria de estado de emergencia ni ningún otro requisito preciso", y que si sus integrantes cometen violaciones de derechos humanos serán juzgados en el fuero militar y no en la jurisdicción penal ordinaria.

Para Javier Torres, directivo del grupo Servicios Educativos Rurales (SER, miembro de la CNDDHH), un posible ingreso de las Fuerzas Armadas en el control de las actuales protestas contra un proyecto de irrigación en la provincia de Espinar, en la región Cuzco, acarrearía "graves consecuencias".

Durante la marcha, varias personas portaron ataúdes con el nombre de "Espinar" escrito en ellos, en alusión a un conflicto que ha dejado por el momento un muerto y 44 heridos, 26 de ellos policías.

Muchos manifestantes, en su mayoría jóvenes, portaron pancartas "contra la impunidad" y la violencia, al tiempo que gritaron consignas a favor de la libertad de pensamiento y otros derechos.