EFE

29 de septiembre

Un tribunal peruano dictará el próximo viernes sentencia en el proceso seguido contra 21 integrantes del grupo militar encubierto Colina por varios de los más emblemáticos casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La Sala Penal Especial, que preside la jueza Inés Villa Bonilla, e integran las magistradas Hilda Piedra e Inés Tello, dictará sentencia en la prisión de la Base Naval del Callao por los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri, informó hoy la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Los miembros del Colina están acusados del asesinato en 1991 de 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, en la zona limeña de los Barrios Altos, así como de la desaparición de 9 campesinos en la localidad norteña de El Santa, y del periodista Pedro Yauri, en 1992.

La abogada Gloria Cano, representante de Aprodeh, informó hoy que la sentencia por estos casos se dictará "a casi seis años de iniciado el juicio contra el grupo Colina".

"Esperamos que se establezca la responsabilidad de los acusados, dada la abundante cantidad de pruebas proporcionadas a lo largo del proceso", señaló.

Cano denunció, además, que hoy la defensa de los acusados pretendió "quebrar el proceso", pero la sala declaró improcedente "este último y desesperado recurso de los miembros del destacamento Colina que pretendía evitar una sentencia".

La abogada recordó que "las ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos y las desapariciones forzadas en el Santa y de Pedro Yauri constituyen delitos graves que contravienen derechos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y tratados internacionales suscritos por el Perú".

En ese sentido, dijo que estos casos "deben ser sancionados de acuerdo a su gravedad, a fin de retribuir en algo la dignidad humana que ha sido vulnerada por tan graves crímenes".

"Confiamos en que la sanción sea ejemplar y que constituya una esperanza para las miles de víctimas que aún esperan justicia en nuestro país", remarcó.

Aprodeh recordó, en un comunicado, que hace dos semanas varios de los acusados, entre ellos los generales Juan Rivero Lazo y Salazar Monroe, así como los miembros operativos del destacamento Colina solicitaron el sobreseimiento del proceso en aplicación de un polémico decreto que emitió el Gobierno el pasado 1 de septiembre.

La Primera Sala Penal Especial declaró improcedente estos pedidos y consideró inaplicable el pedido de que se archive el proceso penal.

El Congreso peruano derogó hace dos semanas el decreto 1097 tras recibir un pedido en ese sentido del Ejecutivo, tras una andanada de críticas nacionales e internacionales.

El decreto 1097 señalaba que los procesos por crímenes contra los derechos humanos seguidos a militares y policías debían ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abría instrucción, no se dictaba sentencia.

Además, señalaba que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad regía para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003, cuando el país se adhirió a ese convenio, a pesar que los peores casos de abusos durante la época del terrorismo en Perú sucedieron entre 1980 y el 2000.