Tras anuncio de medida de lucha

DIRIGENTES DE ISLAY DENUNCIAN PERSECUCIÓN

18 de Noviembre de 2010

José Julio Gutiérrez, Presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, denunció la persecución de la que viene siendo objeto su organización por parte de autoridades judiciales, instados por los procuradores, quienes están en complicidad con la empresa Southern Perú.

En la actualidad quince dirigentes y miembros del Frente de Defensa, sufren esta situación, luego que el pueblo de Islay anunciara la realización de una medida de fuerza el 22 de noviembre ya que siguen sin ser escuchados en su rechazo a la minería.

“Nosotros somos un pueblo que vive en paz, pero queremos una paz con justicia social. Cada vez que hay alguna marcha pacífica o medida de protesta, la Procuraduría nos denuncia. Esta vez, luego de dar a conocer la protesta del 22 de noviembre, llegó a la zona el procurador del Ministerio de Interior para amenazar con denunciarnos por los actos de violencia que supuestamente se realizarían en dicha movilización. ¿Cómo es posible que puedan denunciarnos por algo que aún no ha ocurrido?”, manifestó Gutiérrez.

El dirigente agregó que tras anunciar su viaje a Lima, llegó una invitación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para sostener una reunión hoy a las 4 pm. “Nosotros vamos a acudir para demostrar que siempre hemos querido dialogar. El problema es que son ellos los que no nos escuchan”, dijo.

Richard Ale, alcalde del distrito de Dean Valdivia y reelecto con el 62% de votos, señaló que ha venido a Lima a decirle al Presidente y a los Ministros que no persigan a su pueblo y que respeten la voluntad popular de su pueblo. “El Valle del Tambo es un valle agrícola. No queremos minería. Ya hemos perdido mucho por la contaminación que afecta a nuestros productos, como el ajo, la cebolla, entre otros. Respeten la decisión de nuestro pueblo”, señaló.

Por su parte, Miguel Jugo, director de APRODEH, señaló que los dirigentes y el alcalde sólo están defendiendo la voluntad popular y que las inversiones no se garantizan enviando a los policías o a las fuerzas armadas, ni persiguiendo a sus dirigentes.

“Quienes aprueban o autorizan las concesiones mineras deben tomar en cuenta la afectación que puedan causar a la comunidad en sus derechos fundamentales, como son la salud, la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano, etc. La población eligió, mediante consulta popular, la agricultura. Por tanto, las autoridades y la empresa Southern Perú deben respetar su voluntad.  Si es necesario acudiremos a las instancias internacionales para exponer este caso”, manifestó Jugo.

Datos:

·         El Valle del Tambo está ubicado en la provincia de Islay. Actualmente el 61% de la provincia de Islay esta concesionada a diversos proyectos mineros, entre ellos, el proyecto Tía María, bajo responsabilidad de la Southern Perú Copper Corporation, que no cuenta con licencia social para efectuar sus actividades en la zona.

·         27 de Setiembre del 2009 se llevó a cabo consultas populares en las que la población de Islay dijo mayoritariamente NO a la Minería en 6 distritos: Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, Matarani, Mejía y Mollendo, capital de la provincia. Con ello, la ciudadanía manifestó ampliamente su rechazo a la actividad minera debido al alto riesgo que representa para su actual modelo de desarrollo socioeconómico con sostenibilidad ambiental, en un contexto de cambio climático que afecta aún más sus ecosistemas.