La Sala Penal Nacional absolvió al ex Jefe Político Militar  y jefe del destacamento de la Marina, el entonces Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra Alberto Gustavo Silva Santisteban Larco por el delito de lesiones graves (tortura) en agravio José Navarrete y Celestino Yaranga.

Esta controversial absolución se dio pese a que la Sala reconoció que los agraviados fueron detenidos por los miembros de la marina, ingresados al Estadio Municipal de Huanta (donde se encontraba ubicada la base militar de la Marina de Guerra), interrogados y sometidos a torturas por parte de sus captores, probando de esta manera, que el acusado tenía responsabilidad sobre las acciones que se realizaban dentro de dicha base, pero que no existe evidencia suficiente que corrobore la lesión física o daño psíquico como secuela de dicha tortura.

Para la doctora Gloria Cano, Directora de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH y representante de los agraviados, “esta sentencia es contradictoria porque la Sala reconoció que estos hechos ocurrieron, no solo por los testimonios de los agraviados, sino también por los innumerables relatos  que se presentaron en el juicio, los recortes periodísticos sobre detenciones y desapariciones en Huanta y la declaración del propio acusado.

Asimismo,  se probó la existencia de un aparato organizado de poder donde Silva Santisteban es el autor mediato y pese a esto, lo absuelven porque no se probó que las secuelas de la tortura sufrida, fueran de carácter permanente”.

Asimismo, por toda la documentación existente, la Sala reconoció que estos hechos no fueron aislados, sino una práctica sistemática, lo cual constituye un delito de lesa humanidad.

Pese a la absolución, y tomando como ciertos los innumerables testimonios y documentos que se encuentran en el expediente, la sala dispuso la remisión en copias certificadas de los mismos a la fiscalía de Ayacucho para que ésta investigue  la presunta comisión de delitos sucedidos en esos años en Huanta por los miembros de la Marina.

La fiscalía expresó su total rechazo a la absolución, por lo cual, inmediatamente terminada audiencia, impugnó la sentencia por considerar que si está acreditada la comisión del delito.

La Dra. Cano informó que APRODEH en representación de las víctimas presentará recurso de nulidad y va a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la decisión tomada por el poder judicial.