APRODEH: Dirigentes de Islay denuncia persecución

noviembre 19th, 2010

Tras anuncio de medida de lucha

DIRIGENTES DE ISLAY DENUNCIAN PERSECUCIÓN


18 de Noviembre de 2010

José Julio Gutiérrez, Presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, denunció la persecución de la que viene siendo objeto su organización por parte de autoridades judiciales, instados por los procuradores, quienes están en complicidad con la empresa Southern Perú.

En la actualidad quince dirigentes y miembros del Frente de Defensa, sufren esta situación, luego que el pueblo de Islay anunciara la realización de una medida de fuerza el 22 de noviembre ya que siguen sin ser escuchados en su rechazo a la minería.

“Nosotros somos un pueblo que vive en paz, pero queremos una paz con justicia social. Cada vez que hay alguna marcha pacífica o medida de protesta, la Procuraduría nos denuncia. Esta vez, luego de dar a conocer la protesta del 22 de noviembre, llegó a la zona el procurador del Ministerio de Interior para amenazar con denunciarnos por los actos de violencia que supuestamente se realizarían en dicha movilización. ¿Cómo es posible que puedan denunciarnos por algo que aún no ha ocurrido?”, manifestó Gutiérrez.

El dirigente agregó que tras anunciar su viaje a Lima, llegó una invitación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para sostener una reunión hoy a las 4 pm. “Nosotros vamos a acudir para demostrar que siempre hemos querido dialogar. El problema es que son ellos los que no nos escuchan”, dijo.

Richard Ale, alcalde del distrito de Dean Valdivia y reelecto con el 62% de votos, señaló que ha venido a Lima a decirle al Presidente y a los Ministros que no persigan a su pueblo y que respeten la voluntad popular de su pueblo. “El Valle del Tambo es un valle agrícola. No queremos minería. Ya hemos perdido mucho por la contaminación que afecta a nuestros productos, como el ajo, la cebolla, entre otros. Respeten la decisión de nuestro pueblo”, señaló.

Por su parte, Miguel Jugo, director de APRODEH, señaló que los dirigentes y el alcalde sólo están defendiendo la voluntad popular y que las inversiones no se garantizan enviando a los policías o a las fuerzas armadas, ni persiguiendo a sus dirigentes.

“Quienes aprueban o autorizan las concesiones mineras deben tomar en cuenta la afectación que puedan causar a la comunidad en sus derechos fundamentales, como son la salud, la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano, etc. La población eligió, mediante consulta popular, la agricultura. Por tanto, las autoridades y la empresa Southern Perú deben respetar su voluntad.  Si es necesario acudiremos a las instancias internacionales para exponer este caso”, manifestó Jugo.

Datos:
·         El Valle del Tambo está ubicado en la provincia de Islay. Actualmente el 61% de la provincia de Islay esta concesionada a diversos proyectos mineros, entre ellos, el proyecto Tía María, bajo responsabilidad de la Southern Perú Copper Corporation, que no cuenta con licencia social para efectuar sus actividades en la zona.
·         27 de Setiembre del 2009 se llevó a cabo consultas populares en las que la población de Islay dijo mayoritariamente NO a la Minería en 6 distritos: Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, Matarani, Mejía y Mollendo, capital de la provincia. Con ello, la ciudadanía manifestó ampliamente su rechazo a la actividad minera debido al alto riesgo que representa para su actual modelo de desarrollo socioeconómico con sostenibilidad ambiental, en un contexto de cambio climático que afecta aún más sus ecosistemas.

“Exigen sanción para asesinos”

noviembre 19th, 2010

Diario La Primera
19 de noviembre

Tras 25 años de la masacre de 69 campesinos de Accomarca, sus familiares esperan que los responsables y sus encubridores sean sancionados por la justicia, afirmó Francisco Soberón, representante de Aprodeh, una de las instituciones que denunció la matanza, perpetrada en los primeros días del primer gobierno de Alan García (1985-90).

Uno de los responsables, el ex teniente del Ejército Telmo Hurtado, se encuentra en Estados Unidos a la espera de ser extraditado y puesto en manos de la justicia peruana que ayer reinició el proceso judicial.

Hurtado y Juan Rivera Rondón, otro de los responsables directos de la masacre, fugaron a Estados Unidos en el año 2002 cuando la amnistía que les otorgó el gobierno de Alberto Fujimori fue anulada.

Hurtado y Rivera fueron procesados en el fuero militar, pero la sentencia que se dictó fue por delito de función y fue suspendida por la amnistía. Ambos acusados siguieron en la carrera militar y fueron ascendidos, y en 1999, Telmo Hurtado fue ubicado en Cajamarca, sirviendo dentro del Ejército.

Rivera se encuentra en prisión luego de ser extraditado desde Estados Unidos. En una de las manifestaciones que brindó ante los jueces norteamericanos dijo que se limitó a cumplir con una operación que formaba parte de una política de Estado. Es decir, que estaba autorizado por sus mandos a ejecutar a niños y mujeres, a los que culpaba de simpatizar con los senderistas.

Almudena Bernabeu, representante de una organización de derechos humanos de EEUU, explicó que tras cinco años de trabajo coordinado su institución espera lograr la extradición de Hurtado para que sea juzgado por los crímenes cometidos.

“Telmo Hurtado y el juicio por Accomarca”

noviembre 4th, 2010

Francisco Soberón, director ejecutivo de APRODEH

El 27 de octubre, la Corte del Distrito de Florida del Sur, denegó en segunda instancia el Habeas Corpus interpuesto por el mayor EP Telmo Hurtado para tratar de evadir su extradición y que sea juzgado y condenado por el grave crimen de Accomarca.

Hurtado todavía tiene 30 días para realizar alguna apelación, pero corresponde ahora al Estado peruano, a la Cancillería y al Ministerio de Justicia, acelerar los trámites para lograr su extradición a nuestro país.

Esta noticia la conocemos en el contexto del inicio, el día de hoy, del juicio a los militares y mandos responsables de la masacre de Accomarca en el año 1985. Recordemos que fueron 69 mujeres, ancianos y niños las víctimas de esta matanza cometida en la comunidad de Accomarca, durante el primer régimen de Alan García.

Telmo Hurtado ha sido ya condenado civilmente en Miami por su responsabilidad en este caso y se ha dispuesto el pago de una reparación civil de 30 millones de dólares a las víctimas. Sin embargo, la inacción del Estado peruano ha permitido que hasta la fecha no se haya concretado su extradición al Perú.

¿Quién se beneficia con la ausencia de Hurtado en el juicio oral? Indudablemente que los altos mandos y todos lo que estuvieron involucrados en las órdenes, planeamiento y ejecución de esta masacre. Por ello, confiamos en que hoy, en el inicio del juicio, la Asociación de Acccomarquinos, así como las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, estaremos atentos y vigilantes para que se desarrolle un juicio ejemplar con todas las garantías y se establezca una sanción firme a todos los que tuvieron responsabilidad en la masacre de Accomarca.

“CARTA DE SOLIDARIDAD CON EL PADRE MARIO BARTOLINI”

octubre 25th, 2010

25 de octubre 2010

Los abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con el sacerdote italiano Mario Bartolini, a quien el próximo 26 de octubre el Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas, que despacha el Juez Julio Cesar Aquino Medina pretende sentenciar por los delitos de rebelión  y contra el orden público.

El Padre Mario llegó  al Perú hace más de 35 años y durante este tiempo ha estado viviendo en la Selva, en las  zonas más pobres y abandonadas por el Estado, donde ha estado acompañando a indígenas y campesinos ribereños.  En los años ochenta, en Barranquita, fue amenazado por el MRTA,  que pretendía que se retirara, pero resistió por el bien de su pueblo.

En el 2006, comenzó el conflicto con el grupo Romero, que pretende sembrar palma aceitera en una zona habitada por muchas familias campesinas, generándose un fuerte conflicto social.  Debido a su solidaridad con los campesinos, el Padre Mario y las religiosas de la zona han venido enfrentando procesos penales y campañas de desprestigio.

En el 2009, durante las protestas indígenas, la intervención del Padre Mario fue fundamental para evitar que se produjeran hechos de violencia  como los ocurridos en Bagua.   Sin embargo, su solidaridad con los indígenas ha generado que dirigentes del partido de gobierno lo denuncien a él, al dirigente indígena Vladimiro Tapayuri y a Giovanni Acate, director la emisora católica Radio Oriente.

Este proceso refleja una alianza entre intereses económicos y políticos, en desmedro de los más pobres.  Hace varios meses, la solidaridad de muchas personas impidió que el hermano inglés Paul McAuley fuera expulsado del Perú.  Ahora nos toca expresarnos para evitar que esto suceda con el Padre Mario Bartolini
1.Miguel Jugo Viera    DNI 07930753

Karina Huaraca Bruno   DNI 43452622

Wilfredo Ardito Vega    DNI 06522399

Mónica Hidalgo Cornejo   DNI 40258590

Johanna A. Rodrìguez Rodrìguez   DNI 40643824

José Carlos Zuñiga Moreno    DNI 44722236

Yalina Espinoza Herrera                          DNI 10514358

Carlos A. Quiroz     DNI 06780210

Jorge Arturo López Silvera   DNI 40721777

Monica Erazo Trujillo    DNI 42860076

11. Augusto Carhuayo Valenzuela    DNI 40154533

Washington Mendoza Aguirre  DNI 24799472

Liz Vanessa Bohórquez Cotrina   DNI 42123684

Raul Eduardo Chacón Pagán   DNI 07969639

Enrique Castro Vargas    DNI 07764841

Nila Vigil     DNI 07912982

Ana Tarazona     DNI 09672610

Luz Uriol Gárate     DNI 10528437

Patricia Stockton Ballardo                             DNI 40691362

Luis Enrique Bossio Montellanos  DNI 10143867

21.Érika Izquierdo Paiva     DNI 25790353

Diego Manuel Morales Morales  DNI: 45231327

Ana María Vidal Carrasco    DNI 10221542

Segundo Herrera Mejía                                 DNI 43614722

Daniel Soria Luján            DNI 07263463

Francisco Soberón Garrido   DNI 10271012

Gloria Cano Legua                                        DNI 21404682

Selene Lilian Lòpez Valdivia                       DNI 09503074

Ruth Luque Ibarra    DNI 40204874, Vicaría de Sicuani

Ysabel Gutiérrez Yagui    DNI 09843047

31. Carlos Iván Degregori   DNI 07378576

Eduardo Alfonso Pérez Fuertes.  DNI 06842362

Cruz Lisset Silva Del Carpio                         DNI 40632855

Wilfredo David Cornejo Alva   DNI 42399637

Rocio Paz Ruiz    DNI 08937186

Felix Cuenca Vasquez   DNI 06895528

Larry J. Ormeño Cabrera                        DNI 04748406

Alfonso Wieland Yturrizaga   DNI 06109582

Mariano Martínez Dueñas                              CE 1094991

Raquel Palomino     DNI 09536909

41. Javier Jahncke     DNI 07261449

Trinidad Carlos Serna    DNI. 01305012

Anthony Jo Noles    DNI 00799232

Carlos Soria Dall’Orso    DNI 07707403

Germán Vargas Farías     DNI 07563554

Víctor Manuel Álvarez Pérez       DNI  06133844

Silvia Belén Koc Góngora                            DNI 40448889

María Elsa Bustamante Soto   DNI 25724311

Marc Willems        C.E.  000085572

Jose De Echave C.    DNI 07886231

51. Eduardo Amador Abusada Franco      DNI 40192079

María Elizabeth Selem Aguirre                      DNI 23819309

Luisa Cruz Hefti     DNI 01626553

Mirtha Allende Zúñiga     DNI 09943742

Daniel Giannoni Surcar    DNI 08256683

Erika Bocanegra     DNI 10373257

Margarita Benavides     DNI 07825536

Salomón Lerner Febres   DNI 08771655

Miguel Fuertes Prieto, sac. agustino  C.E. 000084444

Roxana Romero Rojas    DNI : 40263337

61.Washington Mori Andrade   DNI  19818289

Christian Velasquez Cano      DNI 40403933

Juan Carlos Giles Macedo    DNI 10605982

Marco Arana Zegarra    DNI 26605193
Nicanor Alvarado Carrasco   DNI 27746535

Elna Abad Bereche     DNI 06576691

Edgar Gómez Ccoscco.    DNI. 08981037

Gisela Astocondor Salazar                                DNI 40413941

Elva María Arangüena Morales                      DNI 10472605

Maximo Kinast Aviles     CE 000589597

71.José Luis Carbajo Ruiz                             DNI 06823096

Susana Chavez Alvarado    DNI 10342732

Jesús Solano Ojasi                                        DNI 07926236

Hna. Carol Ann Conroy    CE 000125515

Mariana Patricia Cordova Cayo                  DNI 07220997

Andrea Ofracio Serna    DNI 40397218

Lena Chávez Cuentas                                    DNI 07220713

Ismael Vega Diaz,     DNI: 08600121

Luz Manrique Silva –     DNI 07230117

Karin Eckert      C.E. 000585583

81.Nury Garcìa Còrdova                            DNI 08188746

Mario Vidori                                          C. E. 225382

Sylvie Dumans     CE 000350535

Hna. Carmen Chávez Pinchi                              DNI 00954703

Hna. Casilda Goicochea García                          DNI 43585756

Hna. Mirleth Vásquez Tananta                        DNI 44306432

Hna. Merly R. Sánchez Portal                          DNI 45360241

Hna. Astrid J. Forero López                              C.Ext. 000417338

Hna. María I Huaricacha Quispe                       DNI 41014040

Hna. Katherine Pinedo Flores                            DNI 40958431

91.Hna. Maritza Ríos Sánchez                        DNI 01123496

Herminia García Talledo                               DNI 07961058

Carmen del Rosario Bahamonde Quinteros  DNI 10738572

Marcela Cornejo Díaz                                   DNI 07236759

Irma Lucía Mariño Vargas    DNI 06757955

Giancarlo Castiglione Guerra   DNI 09805498

Alejandro Sakuda Moroma                         DNI 07947313

Ana M. Gispert-Sauch Colls    CE. 000079548

Fidel Tubino Arias Schreiber                        DNI 07729590

Daniel Sanchez Velasquez,    DNI 40278869

101. Pablo Zavala    D.N.I 07937419

Natalia Consiglieri Nieri                              DNI 41363339

Alberto Mori Córdova                                  DNI 43363372

Jean-Marie Ansion    CE 000282009

Mayra Barraza Facundo                         DNI 44729284

Hna. Rosario del Pilar Zari Vidal       DNI 07328081

Luzmila Meza Rodríguez      DNI 07952035

Víctor Mendoza Barrantes        DNI   32762353

Rosa María Mujica    DNI 06985289

Carlos Nino Silva Flores    DNI 21552641

111. Ana Cecilia Serpa Arana                                  DNI 09302123

Alexandra Le Coq     CE 07cc83140

Victor Rodriguez Moreno    DNI 06253486

Ebed Grijalva Yauri                                DNI 19924632

Sebastiano Pollock     C.E. 3532010

David Enrique Roca Basadre   DNI 09490813

Etel Nina Cáceres    DNI 24710957  (ONG ISAIAS)

Lupo Canterac Troya    DNI: 02885418

Cesar Rodriguez Aguilar DNI 02297552

Aníbal Gálvez Rivas     DNI 41495859

121. Mario Quispe     DNI 40265781

Ahmed Manyari Zea     DNI 41034020

Siu Lang Carrillo Yap.    DNI 16763918

Lilia Matilde Ramirez Varela    DNI 40482705

Teresa C. Carpio Villegas    DNI 07858221

César Bazán Seminario    DNI 40883604

Franisco Pérez García     DNI 10731770

Ramiro Escobar La Cruz   DNI 06094265

Rocío Meza     DNI 07459803

Michael Elorreaga     DNI 40584262

131. Yehude Simon Munaro   DNI 16448148

Laura Esther González Flórez DNI 07837312

Inés Arias Navarro     DNI 07264635

Alex Marcelina Reyes Castillejo   DNI 09795032

Jaclyn Vanessa Rodriguez Flores   DNI 40746623

Hernán Coronado Chuecas    DNI 40185860

Christian Mariani                                           C.E: 00048715

Teodoro Martinez Inoñán    DNI 17558431

Gracia del Cielo Delgado Villanueva           DNI 08603464

141. José Luis Tineo Coral    DNI 09665298

Gonzalo Gamio Gehri    DNI 09389665

Edgar Mendoza Ramos   DNI 29374904

Norbel Mondragón Herrera   DNI 16429977

Julieta Ismenia Luna Nieto         DNI 16454385

Perla Graciela Lara Luna    DNI 16768392

Lilia Esther Valenzuela Zorrilla                    DNI 28209639

Fernando Romero Bolaños   DNI 07199364

Hildegard Willer    Pasaporte alemán 323107993

Rosemary Rizo-Patrón de Lerner  DNI 08769724

151. Rodrigo Benza Guerra    DNI 40202098

Hirayda Blácido Enriquez                             DNI 02046107

Walter Augusto Velásquez Núñez                DNI 16421035

Mirtha Gicela Paz Castro   DNI 08827725.

Iván Arturo Bazán Chacón,    DNI 06635410

Cesar Emilio Calle Lopez   DNI 10119717

Eduardo Salas Arce    DNI 09092942

José Ramiro Llatas Pérez   DNI 25852416

Brígida Pereyra Orellana   DNI  24005829

Larry Cole Hinostroza DNI 06019228

161. Jorge Zani                                              DNI español 50840193

Hna. Patricia De la O’  Llanos       DNI  09674914

Miguel Lévano Muñoz   DNI  08691911

Edwin Poire      DNI 02427046

Hilda Herrera Muñoz                                    DNI 08867929

Armando Díaz Barba                                   DNI 10584549

Raphael Hoetmer,     CE 000425713

Mariano Castro    DNI 07212391

Plutarco Arroyo Amaya      DNI 06721480

Martha E. Vásquez Gutierrez   DNI 09271578

171. María del Pilar Arroyo Rizo Patrón DNI 25679188

Clara Goicochea Dominguez DNI: 10425795

Nelly V. Gutierrez Flores   DNI 06910484

Maximiliana Picón de Villanueva  DNI 06827359

Carlos M. Cordero Pérez   DNI 06745520

Fidel Torres Guevara     DNI: 02890142

Pilar Benavides Carlín     DNI  06466924

Raúl Tineo Torres     DNI  02880982

Marfil Francke    CE 000308792

Rosa Fidela Ramírez Fernandez  DNI 22990886

181.Giulia M. Foresti    Pasaporte   Italiano D591943

Bernardo Cáceres Vegas   DNI 07783277

Javier Malpartida Arzubiaga                        DNI 07197198

Iris Palomino Rodríguez    DNI 10811445

Pablo Fernando Montalván Tuesta DNI  07241749

Antonio Cajas Rojas     DNI 07968312

Nora Bonifaz Carmona                                 DNI 06519219

Vanessa Saldivar Echevarria    DNI 09956395

María Victoria Cao Leiva    DNI 07907713

Alexandra Concha Takeshita   DNI 45241648

191. Nilton César Velazco Lévano  DNI 09927657

Karla Melissa Calla Salcedo                         DNI 43446349

Rita Maria Salcedo De Calla                        DNI 16609725

Agustin Jesus Calla Salcedo                          DNI 41724422

Nathaly Mayorga Bustinza                 DNI 43434677

Gracilda Sara Velis Cullcush              DNI 10533110

José Augusto Yampufé Salazar     DNI 44565183

Raquel Cuentas Ramírez DNI 06784491

Jorge Flores Flores     DNI 09921269

Federico Tenorio Calderon                            DNI 26716577

201. Hilaria Supa Huamán   DNI 24371796

Mercedes Arroyo Rizo Patrón DNI 08671944

Estrella Guerra Caminiti                                DNI 07865333

Luis Enrique Llontop Samillán                      DNI 0817522

María Esther Mogollón Chapilliquén DNI 10008981

Nicanor Madueño Luján                     DNI 07964808

Germán Alvarez Arbulú   DNI 06638272

Luis Andrade Ciudad    DNI 07829705

María Isabel Cabieses Cubas        DNI 10306220

Federico Tenorio Calderón          DNI 26716577

211. Carlos Francisco Ríos Garabito  DNI 40191465

Jaime Paredes Calla. DNI 41137370

Carmen Ilizarbe Pizarro    DNI 10551081

Luis Alberto Chiroque Farfán,   DNI 03369121

Karen Reyna Oba Segama    DNI 40750687

Vladimir Alfredo Cerna Barreto DNI 40668750

Lenny Merino DNI 09915579

Elizabeth Cerdán Valverde    DNI 07247683

Rafael Velarde Ramirez    DNI 09998093

Alvaro Campana Ocampo    DNI 10273925

221Nilton Quiñones,     DNI 10392319

Susana Ilizarbe Pizarro    DNI 10550997

Carlos Landeo     DNI 10223931.

Margarita Villanueva Picón   DNI 07239830
Virginia Vargas Valente   DNI 07722574

Guillermo Vásquez Llanos    DNI 09894518

Aurelio Villanueva Villar   DNI 06827339
Giuliano Ardito Vega    DNI 07582287

Eber Simeón Miranda    DNI  06023007

Paula Meza Porta                                          DNI 19929694

231. Jessica Andrade Ruíz    DNI 09225327

Alejandro Silva     DNI 33420128

Ricardo Dawson Torres               DNI 07039058

Javier Lou Burriel                      CE 00308393

Clara de Souza Peixoto               DNI 09816049

María Isabel Cabieses Cubas                 DNI 10306220

Rolando Ernesto García Adrianzén  DNI 02650219

Magali Zevallos Ríos    DNI: 40781274

Ivone Barriga DNI 09852141

Antonio Bueno Vásquez DNI 10809043

241. Jeanette Jacqueline Berrospi                  DNI 41638803

Gloria Tuse Llacsahuanga   DNI 02840593

Dominik Szkatula                                         C.E.000189742

Anna Borkowska                                         C.E.000605118

Jorge Abrego     DNI 40115603

Nuria Virginia Roldán Aburto DNI 41777799

Hugo Cabieses Cubas                    DNI 10585951

Fredy Morales Gutiérrez                          DNI 28294425

Javier Caravedo Chocano     DNI 10059208

Nuria Virginia Roldán Aburto DNI 41777799

251. Joan Enrique Torre Pinares   DNI 46334929
Vilma C. Balmaceda,     DNI 06769316.

Nancy Chiabra Rondòn DNI 25593298

Hna. Lucrecia Aliaga Sidia   DNI 06759214

Javier Torres Seoane    DNI 075592323

Carmen Rosa Cardoza   DNI 07832559

Segundo Jacinto Cajo Bernilla   DNI 27687752

Ricardo C. Vásquez Suyo DNI 06632109

Josefina Huamán     DNI 07242254

Esther Alvarez Estrada    DNI 06861904

261. Jorge Arteaga Salazar.    DNI 02674927

Alberto Felipe Amanzo Escalante  DNI 07284067

Gustavo Espinoza Montesinos   DNI 07204522.

Linda Lema Tucker    DNI 08666258

Mario Alberto Tabra Guerrero            DNI 07627971

Jesús Edgardo Quispe Romero                      DNI 08367490

Luis Gárate Sánchez     DNI 41482455

Luis Enrique Machuca Najar   DNI 07254407

Sonia Fernández CE 000345990.

Karina Hinojosa     DNI: 10281589

271. José Denis Rojas Álvarez                      DNI 04651851

Félix Rojas Orellana DNI 28311915

Juan Carlos Huamán Huillca   D.N.I. N° 44100513

Juan José Beteta DNI 10788518

Rosa Villarán de la Puente    DNI 07033947

Rosa Ching Castañeda    DNI 16708701

Jimena Salazar Montoya,    DNI 42062913.

Ingrid Eliana Guerrero Ocampo   DNI 41855480

Mónica Carbajal Goudey DNI 07975966

Walter Honorio                                            DNI 10690481

281. Tomas Burns McNamara   CE 000139621

Mirtha Elizabeth Choquehuanca Campos DNI 10016319

Luis Wilfredo Montoya Canchis  DNI 09574916

Diana Zapata Pratto     DNI 09673254

Yliana Rojas Medina DNI 21782135

Melvy Ormaeche Macassi                             DNI 21064929

Mª Lucía Zurita García                               DNI 12674095

Hna. Marìa Dolores Garcìa Tomàs                       CE 000187316

Hna. Maria Concepción Sánchez García               C E 000189637

Hna. María Luisa Pérez de Camino Araujo            DNI  06513605

291. Melvy Ormaeche Macassi                               DNI 21064929

Eugen Bruder                Pasaporte alemán: 6263145340D

Irma Soledad Chichizola Olazo DNI 06989759
Margarita María Recavarren Elmore   DNI 02292375

Frederica Barclay Rey de Castro                        DNI 08231882

Francisca Tamayo Alonso                             DNI 07774436

Jose Antonio Vásquez Medina DNI 10136586

Santos Ramirez Vilchez                              DNI 02820635

Fernando Ribeiro Saldaña                          DNI 10793101

Geovana Quezada Rivera                     DNI 26597704

301. Hna. María Justa Zurita García                         C.I. 11.408.895

María Pía Peña Franco                                DNI 07762854
Marina Cisneros                                           DNI  06610447

Luis Vargas Casas      DNI 06117663

Daniel Vera Cayo      DNI 06634092

Alvaro Puga Capelli DNI 07804728

Félix Amadeo Delgado Montenegro   DNI 17868336

Hna. Ermilda Montalván         DNI 10302546

Francisco Zevallos Noratto     DNI 07843078

Rosario Miñano Guerra                                     DNI 08872622

311. Nelson Manrique Gálvez     DNI 07779676

Aníbal Quijano     DNI 07185521

Yolanda Reque García DNI. 08903300

Ana Maruja Ayte Chávez     DNI 08412838

Roque Ramirez Cueva     DNI 25651908

Julia Huari Valencia DNI 25836965

Patricia Lee Ryan     CE 000111450

Rebeca Godos Cornejo                     DNI  07022198

Zulema Balta Rodríguez                          DNI 08774253

Delia Sánchez      DNI. 07494565

321. Jorge Ponce Goicochea                                    DNI 07849568

Luis Wilfredo Montoya Canchis DNI 09574916

Rafael Goto Silva DNI  06898308

Rocío Peñafiel     DNI 07763727

Manuelita Mozzicato C.I. n. AJ 5612559 (italiana)

Alexandra Cussianovich Zevallos                       DNI 40960585

Silvana Ricalde Lizarzaburu                                  DNI 40726896

Pedro Alberto Seijas Mogrovejo    DNI 07907357

Miryam  Pareja García DNI 08613442

331. Alberto Campos, Obispo de San José del Amazonas C. E. 000096655.

Diego Cabrera Rojas, Misionero Columbano  DNI 08465828

Manuel Ricardo Cabanillas Hurtado DNI 09218361

Paul Escajadillo      DNI 40808374

Gladys Orejuela      DNI 06181093

M. Rosa Alayza Mujica     DNI  07814726

Maria Rosa Lorbés                                           CE 000312960

Augusto Alvarez Ródrich DNI 07884762

Belissa Andía Pérez DNI 09851440

Hebert Renzo Portalanza Chinguel                 DNI 40192813

341. Gladys Orejuela      DNI 06181093

Jenny Rubio Durand      DNI 09431434

Laura Vargas Valcárcel      DNI 25675464

Además…

Instituciones

Asociación Pro Derechos Humanos

Vicaría de Solidaridad de Sicuani

Asociación Paz y Esperanza

Instituto ISAIAS

FEDERH Puno

GRUFIDES – Cajamarca

CEDEPAS Norte

COSDEJ Lambayeque

Movimiento Manuela Ramos

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz,

Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz IPEDHEP

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

CONFER – Conferencia de Religiosos del Perú

Infostelle Peru e.V. (Alemania)

Perugruppe München (Alemania)

Asociación Amigos del Perú  Amazónico, Alemania

APRODEH celebró el Día Nacional de las Personas con Discapacidad

octubre 25th, 2010

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el municipio de San Martín de Porres realizaron el Primer Festival de Talentos Inclusivo, con motivo de celebrarse el pasado 16 de octubre el Día Nacional de la Educación Inclusiva y de las Personas con Discapacidad.


El evento contó con la presencia del alcalde Freddy Ternero, la presidenta de la Mesa de Trabajo de Nivel Superior de San Martín de Porres, la Lic. Elsa Bustamante de APRODEH y representantes de CONADIS y OMAPED.

La Feria informativa con juegos educativos estuvo a cargo de la Asociación de Usuarios de Salud Mental (ASUMEN), organización que trabaja por la difusión de sus derechos contemplados en la Convención sobre Derechos de las personas con Discapacidad y cuentan con la asesoría de APRODEH.

“Debemos derribar las barreras que existen para lograr el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, por eso, desde el municipio estamos trabajando arduamente para consolidar una sociedad inclusiva”, refirió la autoridad edil.

Elsa Bustamante recalcó la importancia de los derechos de las personas con discapacidad. “Venimos trabajando de manera coordinada con la Municipalidad de San Martín de Porres a fin de contribuir en las propuestas de inclusión que se desarrollan en el Distrito en el marco de la implementación de la Convención sobre Derechos de la Persona con Discapacidad porque creemos que es necesario en nuestro país implementar una política integral que mejore las condiciones de vida y equipare las oportunidades para las personas con discapacidad”, señaló.

Cada 16 de octubre se celebra el Día de la Persona con Discapacidad, como una forma de reflexión para lograr que la sociedad tome mayor conciencia sobre los derechos, necesidades y oportunidades que tienen las personas con discapacidad en nuestro país.

“Que Merino se quede en la Defensoría del Pueblo”

octubre 21st, 2010

La Primera
21 de octubre

Analistas consultados por LA PRIMERA coincidieron en señalar que la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, debe quedarse en el cargo hasta que el próximo Congreso  elija en el 2011 a su reemplazante, porque, dijeron, el Parlamento actual está muy desprestigiado para elegir a una autoridad tan importante.

Para el director de la Asociación Pro derechos humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, el hecho de que la elección del próximo defensor (del Pueblo) esté a cargo del actual Congreso significaría tener un proceso (de elección) contaminado por las próximas elecciones que afectaría el criterio de independencia y autonomía. Los cálculos electorales incidirían negativamente en la designación de un funcionario de primer nivel del Estado, anotó.

Asimismo, Soberón consideró que el nombre de Beatriz Merino debería volver a ser considerado por el Congreso dentro de la elección debido a su desempeño durante los 5 años en el cargo, y que seguiría siendo una garantía en los comicios generales si se decide mantenerla en funciones mientras el próximo Congreso se instala y se prepara para sucederla o ratificarla en el cargo.

Por su parte, el ex ministro toledista Juan Sheput dijo que el Congreso está descalificado para hacer una elección del defensor, ya que ha demostrado que allí prima la componenda política a la hora de nombrar funcionarios, tal como sucedió con los magistrados del Tribunal Constitucional y el contralor general de la República.

Ayer el presidente del Congreso, César Zumaeta, adelantó que el martes 26 cuando se lleve a cabo la próxima reunión de la Junta de Portavoces, se discutirá el número de miembros y quién presidirá la comisión especial que tendrá el encargo de elegir al nuevo defensor del Pueblo.

APRODEH: Colina group sentenced for the abuse of power

octubre 6th, 2010

October 2nd, 2010

Colina group sentenced for the abuse of power in the Barrios Altos, Santa, and Pedro Yauri cases

JUSTICE TRIUMPHS

The Association for Human Rights (APRODEH) expresses its satisfaction with the sentence passed down by the Court, that condemned the members of the Colina group for their responsibility in the killing of fifteen and wounding of four in the Barrios Altos case (1991), for the disappearance of nine residents of the Santa Valley in Ancash (1992), and for the disappearance of the journalist Pedro Yauri (1992).  The sentence rejected the abuse of power and ratified the precedent established in the sentencing of Alberto Fujimori: these acts constitute crimes against humanity.

“This sentence marks a triumph for justice in Peru, confirming the facts established during the trial and the structure of the Colina group, how it operated, as well as its relationship with senior government officials,” explained Gloria Cano, lawyer for APRODEH who provided legal support to the families of the victims.

The decision issued by the Court, presided by Judge Inés Villa Bonilla and assisted by magistrates Hilda Piedra and Inés Tello condemned the abuse of power by the brainchild of the National Intelligence Service (SIN). Also, the court recognized the group as a military apparatus within the structure of the army, as well as the direct relationship it had with the SIN and the chain of command, which ran from President Fujimori, to advisor Montesinos, to the director of the SIN, Monroe.

For Francisco Soberón, executive director of APRODEH, the sentence constitutes the defeat of those who have attempted to live in impunity in this and other cases of violations of human rights, including the recent DL 1097, which sought an all-encompassing amnesty; and the amnesty law put forward by the Fujimori government in 1995.

“The decision delivered by the court recognizes the perseverance of the families who have demanded justice for eighteen years. For this, as Peruvians, we must defend this sentence from attacks by the people who only want to guarantee impunity such as those who ally themselves with  the Fujimori/Montesinos supporters, including the vice president Luis Giampietri and Rafael Rey, among others,” Soberón said, who also highlighted the efforts put forward by organizations like the Commission for Social Justice in Chimbote, that helped the families of the disappeared in Santa, and CODEH-Huacho, which helped the families of journalist Pedro Yauri.

The court also bows to the demand of the families insofar as the State’s obligation to locate and return the remains of the disappeared in the Santa and Pedro Yauri cases. In that sense, the sentence has continued the investigation into the location of the remains. Furthermore, the Court determined that the victims in these cases had no relation with the Shining Path nor any other subversive group.

In reference to the applicability of reparations, the sentence also decided that the Santa and Pedro Yauri cases be assimilated to the standards of the Inter-American Court on Human Rights under the Barrios Altos case.

“Without question, for the families the sentence is encouraging. Nevertheless, in the Pedro Yauri and Santa cases, the families will continue in the fight until the bodies of their loved ones are found. We hope that the ruling will be upheld by the Supreme Court in the appeal presented by the accused,” said Gloria Cano.

The cases:

  • Barrios Altos: On the night of the November 3rd, 1991, while a fundraiser was being held on 840 Huanta Street, Barrios Altos, around ten heavily armed men in ski masks, opened fire on the attendees, shooting indiscriminately. The attackers later hid in vehicles that appeared to be police cars. Fifteen people were killed, among them an eight year old child and his father. Another four were left seriously injured.
  • Santa: In the early morning on May 2nd, 1992, members of the Peruvian Navy and National Police raided settlements of La Huaca, Javier Heraud, and San Carlos in the Santa Province (Ancash). The soldiers, after leveling the houses, brutally beat nine people and forced them into vehicles to move them to an unknown location. Before leaving, the kidnappers threatened the families so that they would not denounce the acts. They were painted as supporters of the Shining Path.
  • Pedro Yauri: After being detained by a group of uniformed men, journalist Pedro Yauri disappeared June 24th, 1992. Weeks earlier, from his radio spot, he advocated for the liberty of the Ventocilla family who had be abducted by members of the armed forces in May of the same year.

The sentences:

  • 25 years: Vladimiro Montesinos, Julio Salazar Monroe, Juan Rivero Lazo, Santiago Martin Rivas and Carlos Pichilingue.
  • 20 years: Ángel Pino, Wilmer Yarlequé, and Jesús Saavedra.
  • 15 years: Alberto Pinto Cárdenas, Federico Navarro, Fernando Lecca Esquén, Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Gabriel Vera Navarrete, José Alarcón Gonzáles, Douglas Arteaga and César Alvarado Salinas.

“Los miembros del grupo Colina serán sentenciados el próximo viernes en Perú”

septiembre 30th, 2010

EFE
29 de septiembre

Un tribunal peruano dictará el próximo viernes sentencia en el proceso seguido contra 21 integrantes del grupo militar encubierto Colina por varios de los más emblemáticos casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La Sala Penal Especial, que preside la jueza Inés Villa Bonilla, e integran las magistradas Hilda Piedra e Inés Tello, dictará sentencia en la prisión de la Base Naval del Callao por los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri, informó hoy la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Los miembros del Colina están acusados del asesinato en 1991 de 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, en la zona limeña de los Barrios Altos, así como de la desaparición de 9 campesinos en la localidad norteña de El Santa, y del periodista Pedro Yauri, en 1992.

La abogada Gloria Cano, representante de Aprodeh, informó hoy que la sentencia por estos casos se dictará “a casi seis años de iniciado el juicio contra el grupo Colina”.

“Esperamos que se establezca la responsabilidad de los acusados, dada la abundante cantidad de pruebas proporcionadas a lo largo del proceso”, señaló.

Cano denunció, además, que hoy la defensa de los acusados pretendió “quebrar el proceso”, pero la sala declaró improcedente “este último y desesperado recurso de los miembros del destacamento Colina que pretendía evitar una sentencia”.

La abogada recordó que “las ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos y las desapariciones forzadas en el Santa y de Pedro Yauri constituyen delitos graves que contravienen derechos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y tratados internacionales suscritos por el Perú”.

En ese sentido, dijo que estos casos “deben ser sancionados de acuerdo a su gravedad, a fin de retribuir en algo la dignidad humana que ha sido vulnerada por tan graves crímenes”.

“Confiamos en que la sanción sea ejemplar y que constituya una esperanza para las miles de víctimas que aún esperan justicia en nuestro país”, remarcó.

Aprodeh recordó, en un comunicado, que hace dos semanas varios de los acusados, entre ellos los generales Juan Rivero Lazo y Salazar Monroe, así como los miembros operativos del destacamento Colina solicitaron el sobreseimiento del proceso en aplicación de un polémico decreto que emitió el Gobierno el pasado 1 de septiembre.

La Primera Sala Penal Especial declaró improcedente estos pedidos y consideró inaplicable el pedido de que se archive el proceso penal.

El Congreso peruano derogó hace dos semanas el decreto 1097 tras recibir un pedido en ese sentido del Ejecutivo, tras una andanada de críticas nacionales e internacionales.

El decreto 1097 señalaba que los procesos por crímenes contra los derechos humanos seguidos a militares y policías debían ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abría instrucción, no se dictaba sentencia.

Además, señalaba que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad regía para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003, cuando el país se adhirió a ese convenio, a pesar que los peores casos de abusos durante la época del terrorismo en Perú sucedieron entre 1980 y el 2000.

“Piden aplicar vieja Ley de Amnistía a caso El Frontón”

septiembre 20th, 2010

La República
20 de septiembre

Piden aplicar vieja Ley de Amnistía a caso El Frontón

Alerta. Gobierno no retiró norma fujimorista. Abogado Sergio apia resucita Ley de Amnistía para que se archive definitivamente proceso penal Contra  22 marinos.

Ana Véliz

Veintidós oficiales y suboficiales de la Marina de Guerra, patrocinados por el abogado Sergio Tapia Tapia, solicitaron a la jueza Jessica León Yarango la aplicación de las leyes de Amnistía 26479 y 26492, que promulgó el ex presidente Alberto Fujimori en junio de 1995, al proceso por la matanza de presos en el penal El Frontón.

En el escrito presentado al juzgado por Tapia, este sostiene que las leyes de amnistía que dictó el fujimorismo siguen vigentes en concordancia con la ley 29477, emitida el 4 de diciembre de 2009 por el presidente Alan García Pérez.

La ley 29477 inició un proceso de consolidación de la normatividad legal vigente excluyendo a diversas normas que por el
transcurso del tiempo habían quedado obsoletas,  explícitamente derogadas, nulas o insubsistentes o sin efecto o valor legal.

Un grupo de trabajo de la Comisión de Justicia del Congreso, presidido por el congresista Santiago Fujimori y Alfredo Cenzano del APRA, se encargó de elaborar el listado que acompañó la ley dada por García, y “extrañamente” no incluyó las leyes de amnistía y nadie se percató de ese hecho, al menos eso parecía hasta ahora.

En este sentido, Tapia dice que como no fueron excluidas de la normatividad vigente, las leyes de amnistía pueden y deben aplicarse.

La ley de Amnistía 26479 fue aprobada la madrugada del 14 de junio de 1995 por el Congreso fujimontesinista, luego de que la fiscal Ana Cecilia Magallanes denunció al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y al grupo Colina de la matanza de Barrios Altos. La N° 26492, dada días después, también de madrugada, tuvo como finalidad obligar a los jueces a aplicar la primera, luego de que la jueza Antonia Saquicuray se negó a acatarla.

Las leyes de amnistía nunca se derogaron para evitar que tuvieran aplicación, sin embargo, diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Constitucional han señalado que carecen de efectos jurídicos.

Quieren impunidad

El pedido de Tapia fue presentado después de la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1097. Una semana antes, Tapia presentó otro pedido para que se declare prescrito el caso El Frontón porque, dice, no se trata de un crimen de lesa humanidad.

Las leyes de amnistía permitían la liberación de cualquier persona: civil, militar o paramilitar investigado, denunciado, procesado o condenado por violación de Derechos Humanos. De aplicarse, alcanzaría desde los marinos que lo solicitan hasta el condenado ex presidente Fujimori, pasando por los agentes del grupo Colina.

“Llama fuertemente la atención que el grupo  parlamentario presidido por Santiago Fujimori no retirara esta ley del ordenamiento legal. No cabe duda de que la intención era que, en algún momento, podría abonar en una fundamentación para implicados en delitos de lesa humanidad como este caso”, explicó la abogada Gloria Cano.

El dato

Fallo. La jueza León Yarango está evaluando los pedidos y ha solicitado el pronunciamiento de la Fiscalía y los abogados de las víctimas. Ambos pedidos, advierten magistrados y abogados especializados, son peligrosos para la causa contra la impunidad en violación de DDHH. Si se aplican en un caso generarán un efecto dominó en el resto de procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos entre los años 80 y 90.

“Cientos marchan en Lima contra la ‘militarización’ de la protesta social”

septiembre 17th, 2010

EFE
16 de septiembre

Lima, 16 sep (EFE).- Unas 200 personas marcharon hoy en Lima contra los últimos decretos emitidos por el Gobierno que han creado polémica en Perú, especialmente uno que “criminaliza y militariza” la protesta social, según grupos de derechos humanos.

Convocados por la Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y otros colectivos sociales, los manifestantes recorrieron el centro de la capital y acabaron con un plantón frente al Palacio de Justicia.

Allí pidieron la derogatoria del decreto 1095 y de otras dos normas que integran un paquete de leyes relativas a las fuerzas armadas y policiales, emitidas el pasado 1 de septiembre.

Los grupos de derechos humanos criticaron los decretos 1094, 1095 y 1096, dos días después de que el Congreso derogase el decreto 1097, que abría la posibilidad a que se anulasen los procesos a militares y policías juzgados por violaciones de derechos humanos.

En el caso del 1095, se define como “grupo hostil” a los individuos que “están mínimamente organizados, tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado, en forma prolongada por medio de armas de fuego, punzo cortantes o contundentes en cantidad, y participan en las hostilidades o colaboran en su realización”.

Los manifestantes criticaron que esta definición es “excesivamente amplia” y podría aplicarse a cualquier organización social o grupo de individuos que participe en las protestas.

La activista de Aprodeh Rocío Paz consideró que la norma “criminaliza y militariza” aún más las protestas de la población, que demanda soluciones a problemas relacionados muchas veces con la pobreza.

La norma permite por primera vez que los militares controlen las protestas internas cuando se declare el estado de emergencia (excepción) y sin necesidad de la participación de la policía, un requisito que antes era obligatorio.

Además, se establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir “en apoyo de la policía sin declaratoria de estado de emergencia ni ningún otro requisito preciso”, y que si sus integrantes cometen violaciones de derechos humanos serán juzgados en el fuero militar y no en la jurisdicción penal ordinaria.

Para Javier Torres, directivo del grupo Servicios Educativos Rurales (SER, miembro de la CNDDHH), un posible ingreso de las Fuerzas Armadas en el control de las actuales protestas contra un proyecto de irrigación en la provincia de Espinar, en la región Cuzco, acarrearía “graves consecuencias”.

Durante la marcha, varias personas portaron ataúdes con el nombre de “Espinar” escrito en ellos, en alusión a un conflicto que ha dejado por el momento un muerto y 44 heridos, 26 de ellos policías.

Muchos manifestantes, en su mayoría jóvenes, portaron pancartas “contra la impunidad” y la violencia, al tiempo que gritaron consignas a favor de la libertad de pensamiento y otros derechos.